Legislatura de Rio Negro

  
 

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

 

La Revolución Libertadora es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico - militar que gobernó la República Argentina tras derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurar el Congreso Nacional y deponer a los miembros de la Corte Suprema.

 

El primer gobernante de facto de la Revolución Libertadora fue la Junta Militar instaurada por el Presidente Perón. Pasados tres días, la Junta intimó al General a irse del país y cedió el Poder Ejecutivo al general de división Eduardo Lonardi, líder de la sublevación. Asumió el 23 de septiembre de 1955 y fue sustituido el 13 de noviembre de ese mismo año por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, mediante un golpe palaciego. Ambos gobernaron como autoridades supremas del país, atribuyéndose el título de Presidente de la Nación.

 

Pedro Eugenio Aramburu derogó por bando militar la Constitución Nacional vigente sancionada en 1949 y repuso el texto constitucional de 1853, con las reformas de 1860, 1866 y 1898. Poco después, la Revolución Libertadora organizó bajo su control y mediante elecciones condicionadas, una Convención Constituyente que aceptó la decisión anterior y realizó dos agregados a la Constitución, entre los que se destaca el artículo 14 bis.

 

Breve reseña de los hechos:

Primeras conspiraciones

 

Durante el gobierno del general Perón, el principal partido de oposición fue la Unión Cívica Radical. El Presidente, ya desde antes de ser electo en las elecciones de 1946, enfrentaba una dura oposición antiperonista, que incluyó actos terroristas y connatos militares. Se le reclamaba que los empleados públicos debían afiliarse compulsivamente al Partido Peronista y que el gobierno negaba a los partidos de oposición el libre uso de la comunicación por radio y televisión.

 

A mediados de 1951, la renuncia de Eva Perón a su postulación para vicepresidente no logró calmar los ánimos de varios militares que estaban enfrentados con el gobierno. Las limitaciones a la libertad de prensa y la prohibición para los opositores de hablar en radio fomentaron la idea de que su única alternativa era el golpismo. Antes de los comicios, en los que triunfó el peronismo con el 62.49% de los votos, recrudeció la violencia. El dirigente del Partido Comunista, Rodolfo Ghioldi, fue herido de bala y estuvo cerca de la muerte. El radical Ricardo Balbin fue objeto de un atentado con arma de fuego, y el socialista Alfredo Palacios decidió que el Partido Socialista no se presentara a elecciones.

 

En este contexto, dos grupos conspiradores quisieron alzarse en armas contra el presidente. El primero surgió tras la reforma constitucional de 1949 y fue encabezado por los coroneles José Francisco Suárez y Bartolomé Gallo. Su intento de capturar a Perón y convocar una convención constituyente que restableciera la constitución argentina de 1853, iba a realizarse en mayo de 1951; pero una delación llevó a la detención de Suárez. Su confinamiento en la cárcel de Villa Devoto condujo a la disolución del grupo.

 

El golpe de estado fallido del general Benjamín Menéndez

 

El segundo grupo conspirativo de 1951, surgió en la Escuela Superior de Guerra, en torno al profesor de historia militar, teniente coronel Pedro Eugenio Aramburu (luego ascendido a coronel). A su lado trabajaban el director del establecimiento, general Eneas Colombo, y cuatro colegas profesores: el coronel Juan Carlos Lorio y los tenientes coroneles Bernardino Labayru, Luis Leguizamon Martínez y Emilio Bonnecarrere. De forma imprevista, Pedro Eugenio Aramburu fue trasladado a Río de Janeiro en calidad de agregado militar, en donde conoció al agregado naval Isaac Rojas. Desprovistos así de su jefe, Labayru y Lorio viajaron a Córdoba y se entrevistaron con Eduardo Lonardi, quien aceptó el compromiso de liderarlos. La fecha tentativa del alzamiento, 15 de julio, fue pospuesta por carecer de suficientes elementos revolucionarios. Por ello, el complot comenzó a dividirse. El general Benjamín Menendez no había estado de acuerdo con la elección de Lonardi y todavía guardaba expectativas de ser él quien liderase el alzamiento. En la madrugada del 28 de septiembre, Menéndez, sin dar aviso al resto de los complotados y con muy escasos recursos a su mando, se sublevó contra el gobierno de Juan Domingo Perón.

 

El intento tuvo su epicentro en el Campo de Mayo, pero terminó en un estrepitoso fracaso al no conseguir apoyos sustanciales dentro del Ejército: a las nueve de la mañana la sublevación ya había sido derrotada. El mismo 28 de septiembre, Perón decretó un «estado de guerra interno», que no existía en el ordenamiento jurídico argentino y era análogo al « estado de sitio» declarable por el Congreso. El decreto del Presidente en su artículo segundo afirmaba: «todo militar que no se subordine o se subleve contra las autoridades o participe en movimientos tendientes a derrocarlas o desconocerlas, será fusilado inmediatamente».

 

Así reapareció la pena de muerte sin juicio previo, tras estar prohibida durante más de un siglo. Ese mismo día, la CGT convocó a una movilización y huelga general. Aún así, y pese a la insistencia de Eva Perón y sectores combativos dentro del peronismo, ninguno de los sublevados fue fusilado. Las «milicias obreras de autodefensa», creadas a iniciativa de Eva, serían desarticuladas poco tiempo después.

 

Una orden general del 18 de abril de 1952, decía que se debía aniquilar a las fuerzas adversarias ante un supuesto atentado contra el Presidente. El procedimiento estipulado era muy estricto. «A un atentado contestar con miles de atentados». La Orden General incluyó una lista de entidades que debían «ser suprimidas sin más» y personas que debían ser arrestadas: todos los partidos políticos menos el peronista, sus dirigentes, empresas y negocios cuyo dueño fuese no-peronista, consultorios médicos y estudios de abogados no-peronistas, agencias periodísticas, embajadas de Estados Unidos, Uruguay y Chile, asociaciones culturales, etc.

 

El 6 de noviembre, José Francisco Suárez fue liberado y preparó una segunda conspiración revolucionaria. Sabiendo que podía ser arrestado nuevamente en cualquier momento, Suárez pasó a la clandestinidad y junto a unos cincuenta oficiales planificó la toma de la residencia presidencial. El plan de Suárez fue el primero en prever la colaboración de columnas de civiles armados, que posteriormente serían llamados «comandos civiles»: ellos se encargarían de la detención de los principales ministros de gobierno, mientras los militares profesionales ocuparían la casa de gobierno y la secretaría de comunicación. Pero el fracasado intento de Benjamín Menéndez, la nueva pena de fusilamiento, y el estado de «guerra interna» que nunca fue levantado, impusieron mucha tensión a los grupos revolucionarios. El 10 de enero se ordenó la «desmovilización» de los civiles hasta nuevo aviso. El 3 de febrero las actividades llegaron a su fin, nuevamente de forma imprevista, tras una delación y el arresto de Suárez en la casa de su colaborador Atilio Demichieli. Los conspiradores fueron torturados con la picana eléctrica con el objetivo de sacarles información, pero no llegaron a delatar a sus compañeros. Esto posibilitó que unos cincuenta oficiales antiperonistas permanecieran en el servicio activo de las Fuerzas Armadas. A mediados de 1952, más de 600 personas habían sido arrestadas de forma preventiva, interrogadas y liberadas sin orden judicial y sin que se formalizaran cargos en su contra.

 

El plan para bombardear Plaza de Mayo

 

En 1953, el capitán de fragata Jorge Alfredo Bassi se embarcó en el rutinario viaje de instrucción de la Flota de Mar, durante el cual tuvo la idea de atacar la Casa Rosada de la misma manera que los japoneses habían atacado Pearl Harbor. Mediante amigos comunes, solicitó nuevamente al general Eduardo Lonardi su ayuda para conseguir que elementos del ejército se plegaran a la revuelta. Lonardi, cuando escuchó el plan de asesinar a Perón bombardeando la Plaza de Mayo, dijo que le desagradaba la idea y que no tenía deseos de participar.

 

Al poco tiempo se gestó un plan para capturar al Presidente en un buque de la armada, en donde todo el gabinete presidencial se reuniría a conmemorar el día de la independencia. Bassi se reunió nuevamente con Lonardi, pero el general, tras entrevistarse con algunas otras personas, llegó a la conclusión de que el plan se sustentaba en un grupo demasiado reducido, sin los elementos suficientes para realizar la operación con éxito. Por este motivo decidió revocar su participación. Esto lo apartó definitivamente de sus contactos en la Armada.

 

El 16 de junio de 1955, se produjo el levantamiento en el que la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos.

 

El 16 de septiembre de 1955, a dos meses del bombardeo, el golpe de Estado se consumó. Bautizado por sus protagonistas como “Revolución Libertadora” contó con el respaldo de la sociedad civil y de algunos partidos políticos que se unieron con el objetivo de derrocar a Perón. El general Eduardo Lonardi asumió entonces la presidencia: bajo el lema “ni vencedores ni vencidos”, Lonardi pretendía mantener la alianza entre militares nacionalistas y sindicatos, que fue característica del peronismo. En este sentido, concentró su crítica hacia Perón pero, al mismo tiempo, intentó mantener una buena relación con los sectores trabajadores, lo cual quedó expresado en su renuencia a intervenir la CGT, cuyas elecciones autorizó. La CGT, por su parte, mostró una actitud conciliadora hacia el nuevo gobierno, que fue duramente condenada por Perón desde el exilio.

 

Aunque para el presidente de facto era posible construir un “peronismo sin Perón”, esta visión no era compartida por las demás facciones del Ejército. El 13 de noviembre, por presión de la Marina, Lonardi fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, mientras que el almirante Isaac Rojas, quien tuvo gran influencia en el cambio presidencial, mantuvo la vicepresidencia.

 

Comenzó entonces una verdadera persecución del peronismo: Aramburu decidió intervenir la CGT, intervenir los sindicatos y encarcelar a dirigentes políticos y sindicales peronistas. Por otra parte, derogó la constitución de 1949 y, mediante el decreto 4161, impuso la prohibición del Partido Peronista y de toda la referencia a Perón y al movimiento peronista. El objetivo era lograr una “desperonización” de la sociedad argentina a través de una ferviente persecución política e ideológica.            Así comenzaba una época signada por la proscripción del peronismo que se prolongaría dieciocho años.

 

Las medidas económicas que tomó el nuevo gobierno implicaban grandes diferencias respecto de la política económica del peronismo. A partir de un plan elaborado por Raúl Prebish, funcionario de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), se retomaron los postulados del liberalismo económico y, en consecuencia, se liberalizó el sector externo y se redujo el rol de Estado en la economía. Para Prebish la economía debía afrontar la escasez de divisas, la fragilidad del sector industrial y las dificultades para aumentar la productividad. La solución a estos problemas implicaba reducir el gasto público para aumentar los fondos del Estado, acrecentar los ritmos de trabajo en la industria para incrementar la productividad y exportar más para obtener divisas. Las divisas dependían de que la cantidad de exportaciones de materias primas fuera superior a la importación de manufacturas, bienes de capital y combustibles para las industrias. Por eso, el plan Prebish consistía en devaluar la moneda para aumentar la rentabilidad del sector agropecuario.

 

Al mismo tiempo, se eliminaría el control de cambios y se desmantelaría el IAPI, que era un organismo que se encargaba de comprar la producción agrícola a un precio mínimo y luego exportarla al precio del mercado para poder trasladar la diferencia al sector industrial. Estas medidas, si bien intentaban paliar los problemas en el corto plazo, resultaban contradictorias con otro objetivo de Prebish de alcanzar a largo plazo un desarrollo basado en la industrialización. La contradicción radicaba en que se incentivaba al sector agropecuario en detrimento del industrial, al que perjudicaban eliminando las políticas proteccionistas y por la devaluación, que encarecía notablemente sus insumos. Este proceso vino de la mano de una creciente integración al mercado internacional de capitales. La Argentina se incorporó así al FMI (Fondo Monetario Internacional) y al Banco Mundial, dos organismos internacionales que permitían al país obtener créditos a cambio de la imposición de los llamados “Planes de Estabilización”, que implicaban una reducción de salarios, la eliminación de trabas al ingreso de capitales extranjeros, la disminución de aranceles y la reducción del gasto público.

 

Todas estas medidas puestas en práctica durante la Revolución Libertadora no condujeron a la estabilización económica esperada: no lograron equilibrar la balanza de pagos (ya que las exportaciones crecieron menos que las importaciones), disminuyeron la capacidad de consumo y llevaron a un nivel muy alto el endeudamiento externo.

 

Por ello:

 

Autora: Sandra Recalt.

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

D E C L A R A

 

Artículo 1º.-           Su repudio al cumplirse 60 años del derrocamiento del gobierno democrático del General Juan Domingo Perón por la Revolución Libertadora cívico–militar encabezada por el General Eduardo Lonardi, así como también a toda acción que dañe, agreda, afecte o distorsione la democracia en Argentina.

 

Artículo 2º.-           De forma.

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