Violencia del género: promueven declarar la emergencia pública

Los legisladores Alejandro Marinao y Jorge Vallazza, del Frente para la Victoria, y Daniela Agostino y Jorge Ocampos, del bloque AFPIR, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia pública en materia de violencia del género hasta el 31 de diciembre de 2018.

foto ni una menos horatio

El proyecto de ley ingresado a la Legislatura faculta al Poder Ejecutivo para que arbitre las medidas que considere pertinentes y destine los recursos necesarios a fin de implementar una política pública integral con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales.

Proponen que para la discusión de planificaciones y políticas de género sean convocados los representantes de las organizaciones de mujeres de la Provincia de Río Negro, invita a los Poderes del Estado a adecuar sus prácticas y normativas desde una perspectiva sensible al género y faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias con el objeto de abordar la emergencia que promueven.

Pautas culturales perpetúan la violencia de género

Los autores de la iniciativa fundamentan que “las desigualdades que vivencian las mujeres se expresan en nuestro país y en nuestra provincia en cada esfera de la vida cotidiana. Día a día se reproducen pautas culturales que perpetúan la violencia de género, se invisibilizan injusticias y se sostienen inequidades en los diferentes ámbitos donde las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales”.

Aportan como dato ilustrativo que en Argentina, en lo que va del 2017 han sido asesinadas 57 mujeres, lo que promedia que cada 30 horas una mujer es asesinada en razón de su género, y que las mujeres y las niñas sufren distintos tipos de violencias de modo cotidiano y sistemático.

Afirman que la realidad provincial muestra cifras alarmantes. En el año 2016, la ciudad de Bariloche acaparó en un mes la mayor cantidad de asesinatos de mujeres que registre en su historia, moviendo el registro estadístico de femicidios. Según un informe del Centro de Estudios Patagónicos las cifras de las violencias contra las mujeres en Río Negro “da cuenta de esta realidad e informa que el número de víctimas en Río Negro supera la media nacional”.

Los parlamentarios citan profusa normativa sobre este particular, tanto internacional, nacional y provincial, al tiempo que sostienen que paralelamente a los avance normativos “las organizaciones de mujeres van tomando cada vez mayor protagonismo en la lucha por sus derechos”.

“Ni una menos”, un punto de inflexión

En 2015 surgió la convocatoria de un colectivo de activistas, escritoras y periodistas a manifestarse el 3 de junio bajo una consigna amplia y aceptada por diferentes sectores: “Ni una menos”. La movilización de 400.000 personas en 120 puntos del país, con una gran concentración frente al Congreso de la Nación, marcó un punto de inflexión en la agenda de la lucha contra la violencia de género.

El documento “Ni una menos” presentado el 3 de junio, focalizó en distintos nudos percibidos como problemas: el derecho de las mujeres “a decir no” sin castigo; la necesidad de un abordaje integral de la violencia de género, que exceda la perspectiva de la seguridad”.

No obstante, sostienen, “la respuesta ineficaz del Poder Judicial a las víctimas, evidenciada en la alta proporción de mujeres asesinadas que, a pesar de las denuncias que habían realizado, contaban con medidas de restricción ineficaces; el tratamiento por parte de un sector del periodismo que busca las razones de un asesinato en la conducta de la mujer”.

“El movimiento feminista denunció durante décadas este tipo de asesinatos como ‘femicidios’, acuñó esa palabra e hizo un uso político de ella para señalar que estos crímenes, presentados en su mayoría como ‘fatalidades’ particulares de la esfera doméstica, o directamente invisibilizados, deben ser examinados como expresión de problemas sociales”.

Se trata de “asesinatos de mujeres en manos de varones, por razones asociadas al género, e implican prácticas violentas de ensañamiento que se efectúan, por lo general, sobre el cuerpo de mujeres muy jóvenes o adolescentes”.

Políticas públicas ineficaces

“Las políticas públicas definidas por marcos legales y bandera de lucha de las organizaciones de mujeres, no se traducen a nivel nacional ni provincial en acciones concretas. Cientos de mujeres en nuestra provincia buscan respuestas del Estado -garante de sus derechos-, y frecuentemente el Estado no las da, o éstas no son adecuadas y oportunas, o es el mismo Estado el que reproduce la violencia, ejerciéndola”.

Denuncian que las demoras del Estado para asumir plenamente sus compromisos, “se siguen llevando vidas, siguen dejando cicatrices atroces en el seno de nuestra cultura. Río Negro no cuenta con una agenda transversal y diversa, que se focalice en los femicidios territoriales. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, creado por Ley Provincial Nº 4845 en el año 2013, no funciona, los programas de prevención, erradicación de la violencia de género, atención, capacitación, asistencia económica específica, institucionalización de la perspectiva de género o no se están desarrollando o tienen un alcance débil que no logran modificar realidades”.

Entre otros fundamentos señalan que el “Consejo Provincial de la Mujer está en proceso de reformulación de sus funciones, lo cual retarda la implementación de acciones en el territorio provincial. No existen en la provincial Centros de Atención Integral ni suficientes refugios para mujeres víctimas de violencia. La ejecución de las acciones se diluye por la falta de presupuestos, que no garantizan los principios de celeridad, sin tener en cuenta la situación de urgencia que enfrentan las víctimas”.