Proponen que los colectivos de corta y media distancia incorporen videocámaras

Los legisladores del bloque AFPIR, Jorge Ocampos y Daniela Agostino promueven un proyecto de ley en el que instan a que las unidades de transporte colectivo de pasajeros de corta y media distancia, de jurisdicción provincial y municipal que presten servicios en Río Negro, deberán contar con cámaras de seguridad en cada vehículo, “que filmen en tiempo real y almacenen las imágenes durante un determinado período”.

colectivo-camara

La captación y el tratamiento de imágenes con fines de vigilancia es una práctica que se ha extendido en los últimos tiempos tanto en nuestra sociedad como en el mundo entero.

Las imágenes que se obtengan tendrán carácter absolutamente confidencial que sólo podrán ser requeridas por la autoridad pública o judicial que se encuentre avocada a la investigación o al juzgamiento de causas penales o contravencionales.

Cuando en espacios públicos o privados se producen actos delictivos o violentos la video vigilancia es una herramienta eficaz tanto para la prevención, como para el posterior tratamiento penal.

“Mediante el uso de sistemas de grabación de imágenes y su posterior tratamiento, se incrementa sustancialmente la protección ciudadana y es por esta razón que cada vez se utilizan con más asiduidad”, afirman los autores de la iniciativa.

Indican Ocampos y Agostino que de acuerdo a las denuncias realizadas y a los hechos acontecidos desde hace años en el interior los micros de línea que transitan por el territorio provincial y municipal, “resulta importante exigir mediante una ley la colocación de videocámaras en las unidades de transporte, que contribuyan a evitar hechos de violencia o agresividad de los pasajeros mientras utilizan este servicio”.

El conjunto organizado del material fílmico grabado en espacios públicos, constituye una base de datos sujeta al régimen de la ley nacional que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que se registre.

Su instalación será obligatoria y a cargo exclusivo de las empresas que, por otra parte, deberán informar al público de su existencia mediante cartelería indicativa de manera clara y permanente, tanto en el exterior como en el interior de cada unidad.