Adhesión “a la rionegrina”a la reforma de la ley nacional de riesgos del trabajo

La Legislatura sancionó por mayoría la ley remitida por el Poder Ejecutivo por la que la Provincia adhirió a la norma nacional de Riesgos del Trabajo, aunque con un texto “a la rionegrina” superador “que garantiza el resguardo legal de los trabajadores y evita que puedan cercenarse sus derechos en esta materia”, al tiempo que “se acelerarán las causas judiciales por enfermedades profesionales o accidentes laborales que iniciaren”, según se sostuvo en Cámara.

La defensa de la iniciativa en Cámara estuvo a cargo del legislador Adrián Casadei (JSRN) quién definió los aspectos generales de la ley y las ventajas del texto acordado en las comisiones de esta Legislatura, por sobre el original promulgado por el gobierno nacional.

El miembro informante definió el concepto de accidente de trabajo como “todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en ocasión del trabajo o durante el trayecto del trabajador entre el domicilio del trabajador y el lugar de su trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado el trayecto por causas ajenas a su trabajo”.

Luego enumeró los objetivos fundamentales de la norma en debate “que tiene el propósito de disminuir la siniestralidad laboral a través de la reducción de los riesgos del trabajo y con ello las legitiosidades, repara los daños producidos por las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, la rehabilitación del trabajador y promueve su recalificación cuando sea necesario”.

A renglón seguido, Casadei comentó que el Estado Nacional registra que en la totalidad del país, entre enero de 2010 hasta el momento, “se iniciaron 623.235 juicios por accidentes de trabajo quedando aún sin resolver 366.707, lo que equivale a unos 5.000 millones de pesos que impactan directamente en las pymes, que son las que más generan trabajo, y las pone en situación de crisis por las indemnizaciones que deban afrontar”.

Al respecto, el Ejecutivo en su presentación a la Legislatura señalaba: “El desmedido crecimiento de la litigiosidad ha venido a colocar en riesgo cierto e inminente de colapso a todo el sistema, con el consiguiente perjuicio a los trabajadores que puedan ser afectados por las contingencias cubiertas por el referido marco legal”.

En igual sentido, “el aumento desmesurado de la cantidad de juicios ha contribuido a un incremento de las alícuotas que necesariamente afecta la competitividad empresaria y conspira contra la generación de trabajo decente y de calidad”.

Casadei puntualizó luego que “del análisis de la norma nacional, surgió por parte del Ejecutivo provincial “una modificación superadora”, producto de distintas reuniones mantenidas por el Secretario de Estado de Trabajo de la provincia, Lucas Pita, con entidades gremiales, colegios profesionales, equipos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otros actores involucrados directamente.

La nueva norma “prevé un importante avance para resguardar los intereses del trabajador ya que exige como primer punto que el trabajador cuente con su debido patrocinio letrado obligatorio, pudiendo concurrir munido de sus propios estudios médicos, asumiendo dichos gastos las aseguradoras”.

Una vez agotada dicha instancia el trabajador puede proseguir el reclamo y solicitar la revisión del dictamen de la Comisión Médica en sede judicial.

En caso de que el empleado no cuestione el dictamen de la Comisión Médica o en su defecto cuando se arriba a un acuerdo conciliatorio entre el trabajador, su abogado y las ART, “pasará como cosa juzgada, lo que implica que no podrá ser cuestionado judicialmente, salvo casos de excepción”.

El Ejecutivo resaltó en sus argumentos que “este proyecto está pensado en beneficio de todos los trabajadores de la Provincia, garantizando a través de la intervención del Estado Provincial que en el devenir de dicha trámite por antes las Comisiones Médicas se obtenga una pronta resolución acorde a los parámetros médicos objetivos, contando el trabajador con el debido asesoramiento legal sin costo, evitando de esta manera un litigio innecesario para obtener una reparación”.

Prosiguió el legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV) quién aseguró que el nuevo sistema tendrá efectos negativos para los trabajadores, razón por la cual “la mayoría de las provincias han rechazado esta ley del gobierno nacional” y que “si se cumpliera la ley vigente no habría pque deban afrontar un cúmulo derácticamente más juicios”. Por los argumentos esgrimidos anticipó que su bloque no acompañaba la iniciativa.

La legisladora Soraya Yahuar (UCR), por su parte, expresó su “voto de confianza a los gobiernos nacional y provincial” respecto del este expediente y sostuvo que “lo ideal es enemigo de lo posible” al hacer referencia a las objeciones sostenidas por su antecesor.

El legislador Mario Sabbatella (Fuerza Nacional y Popular), entendió que votar esta ley “es acordar con aquellos que cíclicamente perjudican los intereses de los ciudadanos” ya que “propone un sistema perverso que usa al trabajador como fusible”. “No podemos aprobar esta ley con los ojos vendados”, proclamó, “favoreciendo los intereses del empleador por sobre los de los empleados” y afirmó que “con esto no se termina con la mafia de los juicios”. Adelantó su voto negativo.

Por su parte, el legislador Jorge Ocampos (AFPIR) se refirió a la industria del juicio laboral haciendo alusión a “los caranchos laborales”. Definió como “importante que Nación haya pedido a las provincias que solucione estas cuestiones “que mucho tienen que ver con la corrupción”. “Acompañamos esta iniciativa con absoluta convicción”, manifestó el parlamentario quien además elogió las novedades que introduce “esta adhesión a la rionegrina”. Trajo a colación una expresión del senador nacional Miguel Pichetto quien recientemente declaró que es necesario entender “que sin empresas no hay trabajo” en relación al riesgo que corren las pymes cuando deben hacer frente a los juicios por accidentes laborales.

Le sucedieron los legisladores Rodolfo Cufré (JSRN), Nicolás Rochás (FpV), Javier Iud (FpV), que se autodefinió como “la voz disonante” de su bloque en este proyecto al anticipar que lo votaría afirmativamente conjuntamente con su par Ariel Rivero. Luego fue el turno de Marcelo Mango (FpV) quien también expuso su férrea postura contra la iniciativa.

Finalmente Alejandro Palmieri (JSRN) hizo hincapié en las ventajas comparativas y beneficios de la ley que hoy tuvo aprobación mayoritaria, a la que calificó “superadora de todas las anteriores”.